EPN plantea autonomía en lucha anticorrupción

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Written by Javier Olmos on Monday, 10 September 2012 14:04

Share La propuesta del presidente electo Enrique Peña Nieto en materia de combate a la corrupción prevé dotar de autonomía y mayores facultades a la comisión que sustituiría a la actual Secretaría de la Función Pública. El presidente electo Enrique Peña Nieto materializará en breve la iniciativa de reforma constitucional con miras a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la cual pretende combatir el flagelo en todos los niveles y órdenes de gobierno. La iniciativa se presentará en un hotel de la zona de Polanco, en la ciudad de México, y se entregará al Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, que a su vez la llevará ante el pleno de la Cámara Alta para iniciar el proceso legislativo. En entrevista con EL UNIVERSAL, Emilio Lozoya, Aurelio Nuño y Felipe Solís Acero, integrantes del equipo de transición del presidente electo, expusieron que materializar la Comisión Nacional Anticorrupción implicará dos procesos legislativos que inician con la propuesta de reforma constitucional. La iniciativa contempla la reforma a los artículos 21, 73, 102, 108, 109 y 116 constitucionales con el fin de dotar al Congreso de facultades expresas que le permitan legislar en la materia, establecer en la Constitución las facultades de la comisión, tocar el tema de responsabilidades de servidores públicos, romper con el monopolio de la acción penal y modificar la normatividad en relación a las entidades federativas. Se pretende que la comisión tenga jurisdicción en los tres órdenes de gobierno, así como en todos los Poderes de la Unión. La intención es que a más tardar el 30 de noviembre próximo el Congreso de la Unión apruebe las reformas constitucionales que permitirían la creación de la comisión para continuar con el proceso que corresponde a los congresos estatales y al inicio de 2013 iniciar con la segunda etapa legislativa que contempla la creación de una ley general que regule administrativamente al nuevo organismo, que tendrá un carácter ciudadano. Nuño y Lozoya sostienen que hay garantías para que la Comisión Nacional Anticorrupción no se convierta en un órgano perseguidor de adversarios del gobierno federal en turno, pues será un órgano autónomo, y los comisionados trascenderán sexenios y tendrá carácter ciudadano. "Creemos que el problema de la corrupción no sea un problema genéticamente en los mexicanos, creemos que se debe a un problema de diseño constitucional, de que no se le ha dado el énfasis o la prioridad política que debe tener. "El propio diseño de la comisión, el que se hable de un órgano constitucional autónomo, es decir que estará mucho menos sujeto a decisiones políticas con esa autonomía, que sea un consejo colegiado, también inhibe que haya decisiones unipersonales y creemos que da garantía de justamente no ser utilizado para actos de persecución política", apuntó Nuño. Desaparece la SFP La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con una respectiva reasignación de funciones, mantener los órganos internos de control, los cuales pasarían a depender directamente de los organismos gubernamentales, y desaparecer, entre otros, las fiscalías especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos porque su función la absorbe la comisión, todo ello detallado en la normatividad primaria o secundaria, según sea el caso. Se contempla que la comisión se conforme por cinco consejeros aprobados en el Senado de la República a propuesta del Ejecutivo federal. El periodo para cada uno de los consejeros está planteado para nueve años con un cambio escalonado. El presidente de la comisión, por ley, se propondrá que sea un abogado. A esta figura anticorrupción se le pretende dotar de facultades para investigar, integrar expedientes y sancionar en materia administrativa, en materia penal o consignar el expediente correspondiente ante un juez si se comprueba un delito. Se pretende cambiar la legislación para que existan los mismos parámetros en todo el país acerca de los delitos considerados corrupción, y su prescripción. "No veo que se maltraten atribuciones sustantivas de los estados, porque la categorización delictiva, la tipificación de los delitos, lo que tiene que ver con el fuero estatal, seguirá estando en el nivel normativo estatal", explicó Felipe Solís Acero. El nivel de autonomía que se le busca dar a la comisión es para que cuente con total independencia de atraer un proceso de investigación en caso de corrupción, formar el expediente correspondiente y, con una uniformidad nacional en cuanto a la tipificación de delitos, pueda actuar en consecuencia. La comisión contará con la facultad para atender grandes casos de corrupción que se dan en distintos niveles de gobierno y actuar de oficio, y aquellos actos ilícitos que se han denominado de "barandilla", es decir, la que se vive día a día. Aurelio Nuño expuso que los casos de gran corrupción podrán ser atendidos a través de denuncias directas y fundamentadas. Se cuidará, dijo, el anonimato de quien acuse. Y para proceder de manera penal, se deberá contar con el voto de cuatro de los cinco consejeros. En el caso de la corrupción de "barandilla", como la extorsión por parte de policías, entre otros, no se contempla tratarlas a partir de denuncias sino de alertas ciudadanas que podrán ser anónimas, vía telefónica o a través de las redes sociales, con algunos filtros para evitar el abuso. La intención es que a partir de las alertas se tenga conocimiento, mediante un mapeo público, qué instituciones o entidades tienen mayor problema de corrupción. "La idea es que eso se suba a un mapa público que esté administrado por la comisión, con la ayuda de organizaciones sociales, y todo esto tendrá un doble efecto, creemos que va a inhibir", comentó Nuño. Precisaron que al aumentar las alertas la comisión actuará de oficio. Emilio Lozoya detalló que para llegar a la conformación de una iniciativa que permita la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, el equipo de transición consultó a organismos internacionales, sociedad civil, académicos, juristas, entre otros. Con partidos políticos no se ha consultado, expuso, porque eso será algo que le toque hacer al Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso. El presupuesto inicial que se prevé, son los mil 600 millones de pesos que actualmente tiene la SFP, la cual funcionará hasta que se apruebe el funcionamiento de la comisión. Fuente: El Universal